Hablar de salud mental no es hablar de “otros”. No es un tema ajeno, lejano ni exclusivo de quienes atraviesan diagnósticos. Es, en algún momento de la vida, hablar de todos.
Ansiedad, duelos, crisis económicas, soledad, consumo problemático, angustia. La salud mental atraviesa la experiencia humana desde siempre. Sin embargo, recién en las últimas décadas comenzó a ser abordada desde un enfoque de derechos, dejando atrás siglos de encierro, estigmatización y silencio.
En Argentina, ese cambio de paradigma tomó forma en 2010 con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. Una ley considerada de avanzada, que propuso algo tan simple como revolucionario: las personas con padecimiento mental son sujetos de derecho.
Un cambio de mirada
La ley marcó un quiebre. Dejó atrás el modelo manicomial —basado en el aislamiento— para dar paso a un enfoque comunitario, interdisciplinario y centrado en la dignidad de las personas.
Estableció que las internaciones deben ser excepcionales y breves, que el tratamiento debe realizarse en hospitales generales y que toda persona tiene derecho a decidir sobre su atención, recibir información clara y no ser discriminada.
También planteó un objetivo ambicioso: destinar al menos el 10% del presupuesto de salud a salud mental.
Pero, a más de una década de su sanción, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con esa promesa?
La deuda estructural: el presupuesto que no llega
Uno de los principales problemas no está en la ley, sino en su incumplimiento. El porcentaje destinado a salud mental está lejos de lo establecido y, en muchos casos, no supera el 4%.
Esta falta de inversión tiene consecuencias concretas: dispositivos comunitarios que no existen, equipos incompletos, profesionales sobrecargados y una red de atención que no logra sostener la demanda creciente.
Sin recursos, el modelo comunitario queda en el papel. Y cuando eso ocurre, lo que aparece no es una alternativa superadora, sino el riesgo de volver atrás.
El peligro del retroceso
En los últimos tiempos, comenzaron a emerger discursos que cuestionan la ley por considerarla “idealista” o “difícil de aplicar”. Bajo ese argumento, se propone reforzar nuevamente el modelo hospitalario tradicional.
Pero especialistas y trabajadores del área advierten: el problema no es la ley, sino la falta de decisión política para implementarla.
Volver al encierro no resuelve el padecimiento. Solo lo oculta.
Derechos en tensión
Cuando el sistema no responde, los derechos se vuelven frágiles.
Internaciones más largas de lo necesario, falta de información hacia los pacientes, decisiones tomadas sin consentimiento pleno y procesos excesivamente judicializados son algunas de las situaciones que se denuncian en distintos ámbitos.
A esto se suma un factor preocupante: el resurgimiento de discursos que vuelven a asociar salud mental con peligrosidad, reforzando estigmas que la ley buscó desarmar.
Quienes cuidan, también necesitan cuidado
La situación también impacta en los equipos de salud.
Profesionales que trabajan en condiciones precarias, con recursos limitados, alta carga emocional y una responsabilidad creciente. La falta de apoyo institucional no solo afecta a quienes trabajan, sino también a la calidad de atención que pueden brindar.
No hay salud mental posible sin trabajadores sostenidos.
Una discusión que nos incluye a todos
El debate actual no es solo técnico. Es, en esencia, una discusión sobre qué tipo de sociedad queremos ser.
Una que incluya, acompañe y respete la autonomía de las personas, o una que vuelva a responder con encierro, control y exclusión.
La salud mental no es un tema sectorial. Es una dimensión central de la vida social. Y la ley no es una herramienta para unos pocos: es una red de contención para cualquiera que, en algún momento, la necesite.
Una reflexión necesaria
A lo largo de la historia, la humanidad ha oscilado entre el cuidado y el castigo frente al sufrimiento psíquico. Cada avance en derechos costó años de lucha, de evidencia y de construcción colectiva.
En un contexto social atravesado por la incertidumbre, la desigualdad y el desgaste emocional, defender la salud mental como un derecho no es una consigna abstracta. Es una necesidad urgente.
Porque nadie está completamente a salvo de necesitar ayuda.
Y cuando ese momento llega, lo que exista -o falte- puede marcar la diferencia.