Luego de más de una década de discusiones, controversias judiciales y audiencias públicas, el Senado de Mendoza dio luz verde al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, que se desarrollará en la zona de Uspallata, departamento de Las Heras. La decisión se tomó en la última sesión legislativa del año, con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, y marca un cambio significativo en la política minera de la provincia.
Inversión y generación de empleo
La iniciativa contempla una inversión inicial de 559 millones de dólares, con un período de construcción estimado entre 18 y 24 meses. Según la empresa promotora, se crearán alrededor de 3.900 puestos de trabajo en la etapa de edificación y unos 2.400 empleos directos e indirectos durante la operación. La vida útil del yacimiento se calcula en 16 años, con posibilidad de extensión.
Aspectos ambientales y técnicos
El proyecto fue habilitado tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que incluyó una audiencia pública de diez días y la recepción de más de 9.500 aportes ciudadanos. Desde la compañía aseguran que la explotación se realizará bajo estándares internacionales, con un enfoque sostenible:
- Recirculación de más del 80% del agua utilizada.
- Captación exclusiva desde el Arroyo El Tigre, sin afectar el caudal ecológico ni el consumo de comunidades y sectores productivos.
- Uso de flotación mecánica con reactivos biodegradables.
- Aplicación de relaves espesados para optimizar la recuperación hídrica y reducir el impacto ambiental.
Reacciones encontradas
El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, celebró la decisión legislativa y destacó que se inicia ahora la etapa de factibilidad técnica: “Ha sido un proceso largo y participativo. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad y diálogo permanente, construyendo un desarrollo compartido”.
Sin embargo, organizaciones sociales y referentes ambientalistas manifestaron su preocupación. El abogado Enrique Viale recordó la histórica sensibilidad mendocina en torno al agua y advirtió que el proyecto avanza “sin licencia social”, en un contexto donde la megaminería genera rechazo. También señaló el riesgo de instalar la explotación en la cabecera del río Mendoza y cuestionó los beneficios económicos prometidos, citando experiencias de otras provincias donde la minería no logró reducir los índices de pobreza.
Participación comunitaria
La empresa informó que mantendrá abierta su oficina en Uspallata para consultas y que el sistema de monitoreo ambiental y social incluirá participación ciudadana y acceso público a los datos. Además, se prevé un plan integral de cierre de mina conforme a la normativa provincial y estándares internacionales.
Con esta aprobación, Mendoza inicia una nueva etapa en su política minera, entre expectativas de desarrollo económico y fuertes debates sobre el impacto ambiental y social que el proyecto podría generar en la región.