Encontremos puntos de coincidencia, luego discrepamos.

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Hay discusiones que pueden esperar y otras que no. Cuando hablamos de una cooperativa de servicios públicos, lo urgente es aquello que impacta en la vida cotidiana de la gente: que el agua llegue, que la electricidad funcione, que el saneamiento se sostenga y que los servicios tengan una perspectiva de futuro. Una cooperativa de servicios públicos no es solamente una empresa. Es, fundamentalmente, una empresa social, nacida de la comunidad y al servicio de ella. Y precisamente por eso, su gestión debe estar a la altura de la responsabilidad que asumieron aquellos primeros visionarios. En ese camino, hay una cuestión que necesariamente debemos discutir entre todos: la tarifa. No puede ser una discusión que se resuelva desde la improvisación, Pero tampoco desde la puja política. La tarifa tiene que contemplar una realidad concreta: los vecinos necesitan servicios accesibles y de calidad, pero esos servicios también requieren sustentabilidad, mantenimiento, inversión y planificación para poder sostenerse en el tiempo. Por eso, la discusión tarifaria debe ser abierta, responsable y transparente. Los asociados y usuarios tienen derecho a conocer cuáles son los costos, qué inversiones son necesarias, cuáles son las prioridades y cómo se determina el valor de los servicios. Explicar los costos, las inversiones y las necesidades de cada servicio “no debilita” a la cooperativa, por el contrario, la fortalece, porque una comunidad que conoce, participa y discute con información, puede tomar mejores decisiones. Y acá aparece una cuestión central. La participación de los asociados. Si la cooperativa le pertenece a sus asociados, estos no pueden ser simples espectadores. Tienen que recuperar y ejercer plenamente el protagonismo que les corresponde. Participar, preguntar, controlar, proponer y también asumir responsabilidades forma parte de la esencia misma del modelo cooperativo. Por eso, también resulta necesario separar la gestión de las disputas político-partidarias. Una cooperativa de servicios públicos debe prestar sus servicios a toda la comunidad, independientemente de las preferencias políticas de sus integrantes o de quienes circunstancialmente conduzcan la institución o gobiernen el municipio. Eso no significa negar la política, significa, sencillamente, evitar que la lógica partidaria termine condicionando decisiones que deberían responder a criterios técnicos, económicos, institucionales y sociales. La relación con el municipio, como poder concedente, tampoco debería construirse desde la confrontación permanente. Debe existir diálogo, control, exigencia y responsabilidad de ambas partes. La cooperativa necesita previsibilidad para gestionar y el municipio necesita ejercer sus facultades de contralor. Y en el medio de esa relación están los vecinos y asociados, que necesitan que los servicios funcionen. Por eso, quizá sea necesario recuperar una premisa sencilla Primero encontremos los puntos de coincidencia, después, si es necesario, discrepamos. Pero discrepemos para mejorar, no para romper. Discutamos las tarifas, pero con información. Discutamos las inversiones, pero con planificación. Discutamos la gestión, pero con responsabilidad. Señalemos errores, pero también reconozcamos los aciertos. Exijamos transparencia, pero participemos también de los espacios que la democracia cooperativa ofrece. Porque una cooperativa de servicios públicos no se fortalece cuando todos piensan igual, se fortalece cuando existen mecanismos para que las diferencias puedan expresarse, discutirse y transformarse en decisiones responsables. El desafío es encontrar aquello que nos une antes que profundizar lo que nos separa. Y en esa búsqueda, hay una certeza que debería estar por encima de cualquier diferencia, la cooperativa existe para brindar servicios a la comunidad y debe hacerlo de manera eficiente, sustentable, transparente y participativa. Primero, encontremos los puntos de coincidencia. Después discrepamos, pero siempre pensando en lo mismo: mejorar la cooperativa, mejorar los servicios y mejorar la calidad de vida de la comunidad que le dio origen y a la que se debe.